La investigación judicial comenzó luego de que un incendio expusiera la situación de vulnerabilidad extrema de los adultos mayores y personas con discapacidad que vivían en el establecimiento ilegal. Uno de ellos habría iniciado el incendio para advertir la situación.
En la mañana del miércoles, un incendio en el barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe expuso una situación de abandono y precariedad en un establecimiento que funcionaba como hogar de tránsito para adultos mayores y personas con discapacidad, sin habilitación oficial. El siniestro permitió descubrir que los residentes vivían en condiciones de hacinamiento, carencias extremas y presunto despojo de sus bienes.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un empleado del lugar que realizaba tareas de cuidado. La investigación judicial busca determinar las responsabilidades por el funcionamiento clandestino del lugar y las condiciones en las que se encontraban los residentes. El establecimiento operaba como un supuesto hogar de tránsito, sin habilitación y bajo condiciones de evidente vulnerabilidad para los adultos mayores y personas con discapacidad.
Tras el incendio, seis de los siete alojados fueron trasladados bajo la supervisión de asistentes sociales de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe a la Casa Beata Clara Bosatta, ubicada en Avenida Blas Parera al 7700. Los residentes habían llegado al establecimiento luego de ser derivados por asistentes sociales tras haber permanecido internados en hospitales públicos.
El incendio habría sido iniciado de forma intencional por uno de los residentes. El hombre que reconoció haber prendido fuego la vivienda, identificado como Héctor, explicó que lo hizo “para llamar la atención”, ya que “no los alimentaban hacía cuatro días”. Las declaraciones recogidas por el medio, revelan un cuadro de desamparo persistente.
“Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés”, relató Héctor en diálogo con Aire de Santa Fe. Muchos de ellos abonaban una suma mensual de 300.000 pesos, monto que era retirado directamente por los encargados del lugar mediante la tarjeta de cobro de los jubilados. “Me sacaron la tarjeta y el encargado retiraba el dinero”, aseguró Miguel Ángel, otro de los alojados, quien fue trasladado tras una neumonía en el Hospital Sayago.
Luis César Arriola, de 80 años y exchofer de colectivos, vivió dos años sin documentación y sin poder comunicarse: “Me tienen secuestrado”. El hombre aseguró que nunca más recibió atención médica ni lo dejaron salir. Su testimonio confirmó la falta de alimentación: “Hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada”.
Además, denunció haber sido víctima de maltrato psíquico y verbal, y relató que la responsable del lugar le retuvo documentación, dinero y pertenencias desde el primer día. “Estoy a merced de ellos. No toco un peso argentino ni moneda de ningún lado hace un par de años”, afirmó.
Uno de los vecinos relató que su hija prestaba dinero a un empleado del lugar para que pudiera comprar alimentos y paliar la falta de recursos de los residentes: “Es muy feo todo, son abuelos que no tienen recursos para sobrevivir”. El mismo vecino destacó el esfuerzo de Ricardo, uno de los empleados, quien “salía a hacer las compras, los cuidaba y hasta los bañaba cuando hacía falta”.
Las imágenes captadas luego del siniestro permitieron observar el interior de la vivienda, donde varias camas compartían una sola habitación, el mobiliario era escaso y las pertenencias estaban amontonadas. En el patio interno quedó a la vista el colchón parcialmente quemado que originó la intervención de bomberos y policía. La escena reflejaba el estado en el que transcurría la vida cotidiana de los adultos mayores.
El caso, que continúa bajo investigación, reveló una trama de abandono, maltrato y presunta estafa en el circuito informal de cuidado de adultos mayores en Santa Fe. La intervención de las autoridades permitió rescatar a los residentes y derivarlos a un espacio habilitado, mientras las actuaciones judiciales avanzan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
